Tornar a pàgina principal
_____Documents

 

Nueva York, 20 de Agosto de 2002

Segunda presentación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas


El 28 de octubre del año 2000 en Priaranza del Bierzo, un grupo de arqueólogos voluntarios comenzó los trabajos de exhumación de una fosa en la que se encontraban los restos de 13 civiles republicanos que fueron asesinados por un grupo de civiles armados que se identificaba con el levantamiento del General Franco el 16 de octubre de 1936. La familia de una de las víctimas había promovido la exhumación.

Los tribunales españoles consideran que los cuerpos no-identificados, abandonados en fosas comunes desde la guerra civil y en los anos posteriores a la llegada del General Franco al poder, no tienen ningún interés judicial. Excepto en contadas y recientes excepciones, los jueces españoles se han sistemáticamente inhibido de ordenar la exhumación de los cuerpos enterrados y de investigar las causas de la muerte, limitándose a aconsejar a los familiares que debían tan sólo consiguirconseguir la autorización del dueño de la finca y/o una autorización de los Ayuntamientos correspondientes para proseguir.

Durante los días en que se realizaron los trabajos de excavación arqueológica muchas personas de pueblos aledaños se acercaron y contaron que también tenían padres, hermanos o abuelos desaparecidos. Así surgió ?la necesidad? de crear la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

En España, mas de 30.000 cuerpos no-identificados permanecen en fosas comunes, incluyendo al mas famoso desaparecido forzado del mundo, el poeta Federico García Lorca. Algunas de dichas fosas, como las de Mérida tendrían a unas 3500 personas, las de Oviedo, unas1.600 personas, las de Gijón, 2000, las de Sevilla, 2.500 personas, Teruel, 1.005 personas, y la lista se puede ampliando. En la inmensa mayoría de ellas se encuentran los cadáveres de Españoles desaparecidos tras ser arrestados por grupos armados afines al General Franco, cuando tomaron el control de la zona. En varios otros casos, fueron desaparecidos encontrándose en manos de Agentes del Estado, meses después de haber concluido el conflicto armado y ya firmemente establecido el régimen del General Franco. Todos ellos eran sospechosos de participación, militancia o afinidad con el Estado Republicano. Para todos ellos, se ha mantenido una desigualdad de trato ante los tribunales y las demás instituciones del Estado, que ha impedido aclarar no solo las circunstancias de su muerte sino la localización de sus cuerpos y la posibilidad para sus familiares de darles digna sepultura.

Durante los años setenta en España, tras la muerte del dictador Francisco Franco, se iniciaron espontáneamente algunas exhumaciones de fosas comunes por iniciativa de las familias. Sin embargo este proceso se termino con el intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981, del Teniente Antonio Tejero y la creencia de que la reciente democracia española no podría soportar encontrase con su pasado. El efecto de miedo colectivo de un sector de la población, ya fuertemente golpeado por la represión del régimen franquista, disuadió a los familiares de continuar con las exhumaciones y se mantuvo la situación de duelo suspendido.

Finalmente el 28 de octubre de 2000 algunos familiares decidieron abrir la fosa de los trece republicanos en Priaranza del Bierzo con el apoyo de un grupo de antropólogos y forenses.

El 16 de marzo de 2002, la Universidad de Granada acepto a título excepcional y dentro del marco de una excavación arqueológica, que un experto tomara las muestras de algunos cuerpos  para practicarles la prueba del ADN. No contando con financiamiento para estos casos ?históricos?, las muestras sólo fueron practicadas sobre cuatro de los 18 cuerpos exhumados. Sus resultados estarán listos a mediados de septiembre y serán las primeras víctimas no combatientes de la guerra civil identificadas mediante dicha prueba. En contrapartida, y solo para ilustrar el trato discriminatorio contra las victimas, el Estado español recientemente consideró procedente desembolsar millones de pesetas para exhumar y repatriar desde Rusia, los cuerpos de varios voluntarios españoles de la División Azul, grupo militar ofrecido por el General Franco como muestra de su amistas con el dictador Adolfo Hitler, para apoyar las tropas nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

A raíz de este acontecimiento local, la sociedad española ha estado retomando las medidas para enfrentar su pasado y una cantidad enorme de peticiones y solicitudes han llegado a nuestra Asociación para continuar dicha iniciativa en todo el territorio del país. La ARMH ha decidido asumir esa responsabilidad con madurez y serenidad, sin animo de venganza, movida únicamente por principios humanitarios y por el afán de restablecer la verdad de los hechos y reclamar el derecho a dar sepultura digna a las victimas. Consideramos además que seguir negando la existencia de dichas fosas por parte del Estado o inhibirse a abrirlas judicialmente y aclarar las circunstancias en que fueron enterrados los desaparecidos, perpetua la discriminación contra aquella parte de la población española que fue considerada ?vencida? a raíz de la Guerra Civil y constituye una demostración de su falta de cumplimiento a la obligación de investigar y garantizar el derecho a la verdad.

Una de las principales dificultades con las que se enfrenta la ARMH en sus trabajos es el miedo. En muchos pueblos de España todavía la gente tiene miedo a hablar de la guerra civil. La transición española a la democracia, se llevó a cabo dejando al margen la responsabilidad internacional de todo Estado de investigar las violaciones graves y sistemáticas a los derechos fundamentales.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica solicita al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas recomendar al Estado Español el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derecho internacional y termine con el trato discriminatorio continuo que sigue afectando a los sobrevivientes de las victimas negándole el derecho a la verdad y a la justicia.

Por ello la Asociación pide que:

1. -el Estado Español, a través de sus instituciones judiciales cumpla con su deber de investigar y aclarar los hechos, ordenando la exhumación judicial de los cuerpos que se encuentran aun en las fosas comunes que daten de Julio de 1936 en adelante.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica solicita al Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzosas recordar al Estado español que las desapariciones forzadas son constitutivas de delitos continuos e imprescriptibles por ser una afrenta a la dignidad humana. Recordar también que si bien una serie de actuaciones, instancias y reparaciones fueron accesibles desde 1940 a un sector de la población española para esclarecer y reparar lo sucedido con las ?victimas de las hordas rojas?, dichas medidas no han alcanzado a los familiares de los desaparecidos del otro bando, que por décadas se han mantenido con el estigma de ?vencidos?. Por ello la Asociación solicita al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas que se recuerde al Estado español que la comunidad internacional del cual es parte ha considerado en su conjunto que tales violaciones deben dar lugar a una investigación judicial con recursos eficaces y que los Convenios de Ginebra no distinguen el bando al que pertenecían las victimas durante el conflicto armado.

2. - el Estado Español proceda a la identificación de los cuerpos enterrados en las fosas comunes, ordenando a través de sus tribunales que se hagan las pruebas pertinentes de identificación (ADN y otras) y que restituya oficialmente sus restos a los familiares. Cuando dicha identificación individual fuera técnicamente imposible, el Estado Español deberá tomar las disposiciones adecuadas para dar digna sepultura en los Campos santos consagrados a este efecto, junto a los demás miembros de su comunidad, señalando en forma visible en el Monumento publico que allí descansan las victimas del conflicto y las circunstancias de su muerte.

La Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica insiste en que el Estado Español debe proceder a la brevedad a dictar la exhumación judicial ya que dichos casos de desaparecidos constituyen un delito continuo que mantiene el ultraje a la victimas, sus familiares y la sociedad. Mantener la posición actual de que dichos restos ya no presentan interés judicial y que solo representan valor como excavaciones arqueológicas significa una grave ruptura con la obligación imprescriptible del Estado de indagar e investigar para terminar con la afrenta que significa para una sociedad no reconocer a sus propios desaparecidos.

3. - el Estado disponga de las medidas de reparación y dignificación de la memoria de las victimas y termine con la discriminación y falta de igualdad de trato a los familiares.

La Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica considera que el Estado Español debe convocar la creación de una comisión de esclarecimiento histórico a los fines de tomar medidas tales como la apertura al publico de los Archivos militares donde constan los expedientes de los desaparecidos, y en muchos casos sus ultimas cartas y efectos de carácter personal para que estos sean restituidos oficialmente a sus familiares o colocados en un centro de acceso publico dignificando su memoria en los casos de no ser solicitados. Asimismo la Asociación sostiene que dichos familiares son ellos también victimas de una situación de la impunidad que ha conculcado su derecho a saber la verdad y a obtener justicia, así como a beneficiarse de los mecanismos y prestaciones que se dieron desde 1939 a favor de las victimas calificadas por el régimen franquista como ?Caídos por Dios y por la Patria?. Creemos que dichos familiares tienen derecho a disfrutar de una dignidad que aun hoy no pueden disfrutar cuando todavía existen placas y monumentos oficiales que ensalzan como ?libertadores? a los autores de las violaciones gravísimas, masivas y sistemáticas de los derechos humanos y a las Convenciones de Ginebra sobre el derecho humanitario.

 

Tornar a pàgina principal