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Consecuencias de la transición inmodélica
Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas de la Universitat Pompeu Fabra.



Como consecuencia del gran dominio que las fuerzas conservadoras tuvieron en el proceso de transición de la dictadura a la democracia en España y de la gran debilidad de las izquierdas en aquel proceso (resultado de la enorme represión llevada a cabo por la dictadura), han existido dos versiones muy generalizadas en ambientes conservadores del país de lo que fue y significó el golpe militar de 1936, la dictadura que instauró, y la transición a la democracia. Una versión considera que el golpe militar y la dictadura fueron necesarios para restablecer el orden y corregir la situación intolerable creada por la República. Esta versión está dispuesta a aceptar que la represión, en ocasiones, fue excesivamente fuerte y que el periodo dictatorial fue, quizás, demasiado largo, circunstancias que, sin embargo, no invalidan lo positivo que fue para España la existencia del alzamiento militar y de la dictadura. Esta posición está ampliamente aceptada en el establishment conservador de España aun cuando no se explicite frecuentemente en aquellos medios de información que controla. Se expresa en su resistencia a condenar el régimen franquista y en su oposición a eliminar a lo largo del territorio español monumentos al dictador o a otras figuras relevantes de aquel régimen, homenajeando frecuentemente a sus protagonistas intelectuales, políticos y religiosos. Según esta versión, la democracia, instaurada en España por el Rey nombrado por el general Franco, significó la apertura de las instituciones estatales españolas conservadoras a las izquierdas y a los nacionalistas catalanes y vascos. Esta actitud apareció claramente en la advertencia que Adolfo Suárez hizo a Josep Tarradellas, cuando, en el primer encuentro entre ambos, Suárez le recordó: "Usted fue jefe de un Gobierno de la Generalitat que perdió la Guerra Civil" (Diari de Tarradellas, 27 de junio de 1977). Su integración en las instituciones españolas tenía que reconocer y admitir esta realidad. Esta versión, por cierto, es compartida por muchos miembros del Gobierno conservador actual que, aun cuando señalan que, debido a su edad, no fueron ellos mismos parte de aquel régimen y por lo tanto no se consideran responsables de él, se enorgullecen, sin embargo, de la labor de sus antecesores biológicos que sí fueron parte de él, sin haber nunca condenado tal régimen.

La otra interpretación, también muy extendida en España, en círculos que se autodefinen como centristas, es la que asume que el conflicto de 1936-39 fue una Guerra Civil entre dos Españas, una llamada la España Nacional y otra la España Republicana, en la que los dos bandos cometieron enormes atrocidades (resultado, en parte, de un supuesto carácter español afín a la violencia) que es mejor olvidar. Como prueba de la existencia incluso territorial de estas dos Españas, esta versión divide a España en zonas que permanecieron leales a la República y zonas que apoyaron al golpe militar. En esta versión, en la que se asume una equidistancia en cuanto a responsabilidades por aquellos hechos, se considera que el establecimiento de la Constitución de 1978 significó también la desaparición de las dos Españas. Algunos autores pertenecientes a esta postura aceptan que los vencidos de aquel conflicto han sido maltratados y deben ser reconocidos e incluso homenajeados de la misma forma en que los vencedores lo fueron. Se admite así que esta equidistancia debería también realizarse en el equilibrio de la memoria, puesto que reconoce que el olvido significó una injusticia hacia los vencidos. Es a esta mentalidad a la que un editorial reciente de EL PAÍS, Desaparecidos nuestros (8-VIII-02), apelaba cuando pedía al Gobierno conservador español (asumiendo que sostenía esta visión de nuestra historia) que ayudara a los familiares de los desaparecidos entre los vencidos a encontrarlos a fin de enterrarlos, honrarlos y homenajearlos, tal como los vencedores ya tuvieron la oportunidad de hacerlo con sus desaparecidos durante la dictadura.

Ambas posiciones, sin embargo, son erróneas y su visibilidad preferente responde precisamente al gran poder de las fuerzas conservadoras en España. La realidad histórica, raramente presentada en las escuelas y en los medios de información españoles, es distinta. La República Española fue uno de los intentos más profundos de modernización de una de las estructuras sociales más oprimentes existentes en Europa en los años treinta. En sus reformas, afectó intereses corporativos (terratenientes, grupos empresariales, la Banca, la Iglesia, el Ejército y muchos otros) y a las clases sociales de renta alta y media alta, que respondieron, a través del Ejército, con un golpe de Estado que interrumpió la modernización de España, imponiendo un gran retraso económico, social, político y cultural al país, que dañó enormemente el bienestar de la gran mayoría de la ciudadanía española, como lo demuestra que cuando el dictador murió el Estado del bienestar español era el más subdesarrollado de Europa. No fue, por lo tanto, una mitad de España contra otra mitad, sino una minoría frente a la mayoría de la población. De ahí que las fuerzas golpistas, para mantenerse en el poder, tuvieran que recurrir a una gran represión y terror contra la mayoría de la ciudadanía que continuó durante los cuarenta años de la dictadura, y que ocurrió también en las zonas que erróneamente se considera que apoyaron al golpe militar. En tal régimen dictatorial, atrocidades llevadas a cabo por el régimen nazi alemán, el régimen fascista italiano, el régimen militar chileno y el régimen militar argentino (todas ellas denunciadas hoy), se dieron con creces. Es cierto que durante la República también hubieron casos graves de violación de los derechos humanos, pero por lo general tales actos fueron espontáneos como resultado de la indignación popular por el golpe militar de 1936 y en respuesta a las brutalidades realizadas por el bando franquista, sin que tales actos de represalia, sin embargo, contaran con el apoyo del Gobierno de la República, que protestó e intentó interrumpirlos. No así en el caso de las fuerzas golpistas y de la dictadura, la cual hizo del terror una política de Estado a fin de mantenerse en el poder. Sería justo y necesario para mejorar la cultura democrática del país condenar el régimen franquista y prohibir que se le homenajeara. Algunos autores, como Gabriel Jackson, han protestado tal prohibición acusándola de revanchista (De la represión franquista y la verdad, 23-XI-02). Revanchista, sin embargo, sería pedir el enjuiciamiento, encarcelamiento o expulsión de los responsables de aquel régimen, justicia a la cual las izquierdas renunciaron cuando, con gran generosidad, aceptaron la amnistía (excusando el terror y la corrupción que caracterizó a aquel régimen). Prohibir el
homenaje al franquismo, sin embargo, no es revanchismo, sino mera exigencia democrática, puesto que aquel régimen interrumpió brutalmente un régimen democrático. El hecho de que ocurrieran también violaciones de los derechos humanos durante la República no justifica -como Gabriel Jackson asume- que se considere errónea la petición de prohibición de homenaje a los que interrumpieron la democracia, de la misma manera que las violaciones de derechos humanos realizadas por las tropas aliadas en la Segunda Guerra Mundial (tal como el bombardeo de Dresde) no fue razón suficiente para que la Alemania democrática dejara de condenar y prohibir monumentos al nazismo. La condena y prohibición del homenaje al franquismo no implica tampoco que deba ocultarse la verdad de lo que ocurrió durante la República, incluyendo sus aspectos negativos.

La verdad en España ha estado oculta por la amnesia que acompañó a la amnistía y que ha dañado enormemente a la cultura democrática del país. Es cierto que ahora comienzan a aparecer libros, sobre todo en el ámbito académico, que documentan la naturaleza represiva de aquel régimen, pero su difusión es muy limitada, resultado del abismo que existe en España entre el mundo intelectual académico y la cultura popular, la cual está predominantemente influenciada por los medios televisivos, en los cuales el silencio sobre tal pasado continúa existiendo. El documental Los niños perdidos del franquismo, que documentó que las barbaridades ocurridas durante las dictaduras argentina y chilena (tales como el robo de niños hijos de padres demócratas asesinados) se dieron también con creces en la España del franquismo, no ha sido presentado en ninguna comunidad autonómica excepto en Cataluña, en el País Vasco y en Andalucía, donde se emitió (por Canal Sur) de madrugada. Y sólo recientemente se ha presentado un documental sobre el exilio, patrocinado por la Fundación Pablo Iglesias. Por lo demás, el silencio televisivo es ensordecedor.

La falta de compromiso político para recuperar la memoria histórica ha empobrecido enormemente la democracia española, disminuyendo su cultura democrática, con un gran coste político, tal como lo demuestra el que según una encuesta reciente (EL PAÍS, 19-X-02) nada menos que el 36,8% de la juventud española (de 12 a 18 años) cree que una dictadura puede ser necesaria en ocasiones o que tanto da que tengamos dictadura o democracia siempre y cuando haya orden y progreso (el eslogan del franquismo). Otro indicador, entre otros muchos, de esta democracia incompleta es lo ocurrido a los familiares de los desaparecidos del bando republicano. Durante veinticinco años de democracia tales familiares pidieron al Rey y a los presidentes de los Gobiernos democráticos que les ayudaran a encontrar a sus familiares sin que ninguno de ellos respondiera satisfactoriamente a esta petición de ayuda, lo cual debería haber motivado al editorialista de EL PAÍS (que escribió el editorial al cual me referí anteriormente) a titular su editorial Vergüenza nacional, señalando, como lo hizo recientemente The New York Times (11-XI-02) el bochorno que suponía para la democracia española que los familiares de los desaparecidos demócratas todavía estuvieran buscando hoy a sus muertos sin que el Estado democrático hubiera respondido positivamente a su petición de ayuda, forzándoles a denunciar tal hecho a la Agencia de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por fin, las Cortes Españolas han aprobado una resolución en la que se insta al Gobierno español a ayudar a tales familias, reconociendo a las víctimas del franquismo. Es prueba, sin embargo, del enorme poder que las fuerzas conservadoras todavía tienen en las instituciones democráticas que tal resolución (además de no condenar explícitamente y por su nombre el alzamiento militar y la dictadura, haciéndolo sólo indirectamente) instruye que se evite utilizar el reconocimiento de las víctimas para "reactivar viejas heridas y remover el rescoldo de la confrontación civil" asumiendo erróneamente que se puede homenajear a las víctimas sin denunciar a los que los mataron.

Supongamos, sin embargo, que España hubiera tenido otro tipo de transición, resultado de la derrota del franquismo o su colapso, tal como ocurrió en otras dictaduras europeas -como las comunistas del Este de Europa- sin derramamiento de sangre. En este caso, es probable que hoy tendríamos en España una república en lugar de una monarquía; con una cultura antifranquista democrática bien establecida; con unos medios de información y persuasión menos conservadores y más plurales; con una memoria histórica viva (enseñándose en todas las escuelas lo que fue la dictadura, su represión y el retraso social, económico y cultural que impuso al país); con reconocimiento y homenaje a los que lucharon en contra del fascismo y la dictadura, y que tendrían -como tienen en Francia, Alemania e Italia- monumentos y calles en su nombre; con un Ejército que tomaría como figuras ejemplares a los militares que fueron leales a la República, en lugar de los que se sublevaron en contra de la democracia, homenajeando a los militares que fueron expulsados del Ejército durante la dictadura por su lucha por la democracia; con una Iglesia que habría pedido perdón, no sólo a su Dios, sino también al pueblo español, por su apoyo al golpe militar y a la dictadura, aceptando su lugar en un Estado laico respetuoso de todas las religiones; con una derecha democrática que hubiera denunciado sin ninguna ambigüedad el golpe militar y el régimen franquista, y con unas izquierdas menos moderadas y más fuertes; con un Estado del bienestar más desarrollado que el actual y con una Constitución más progresista, que además reconocería la multinacionalidad de España con posibilidad de reestructurar la relación entre sus componentes según la voluntad popular de cada uno de ellos. Soy consciente de que, debido al gran desequilibrio de fuerzas en la transición, no había otra alternativa que la que existió. Pero las fuerzas democráticas deberían ser conscientes de las limitaciones que impuso la transición inmodélica a fin de corregirlas.

(publicat a EL PAÍS el 08-01-2003).

 

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